DS(C) nº 338/5 del 30/4/2002

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Buenos días, señoras y señores Procuradores, señora Consejera y el equipo que le acompaña. Se abre la sesión de esta Comisión correspondiente al día treinta de abril del año dos mil dos.

¿Tienen que comunicarse a esta Presidencia alguna sustitución los Grupos Parlamentarios? Por el Grupo Socialista, don José Francisco Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí, señor Presidente, buenos días. Doña Teresa Maite Rodrigo... doña Teresa Rodrigo Rojo sustituye a don Antonio de Meer. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, don José Francisco Martín. Por el Grupo Popular, tiene la palabra su Portavoz, don Francisco Aguilar.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días. Don José Manuel Miano sustituye a don Roberto Jiménez García, don José de Miguel Nieto a don Juan Castaño Casanueva, doña Victoria Hernández Candeal a don Francisco Javier Vázquez Requero y don Luis Domingo González Núñez a don César Huidobro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias. Hemos recibido una comunicación por parte de don Antonio Herreros, que por motivos profesionales no puede asistir a esta Comisión, por lo que ruega se presenten sus excusas.

Y, sin más, vamos a dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Primer punto del Orden del Día, que dice: "Comparecencia de la Excelentísima señora Consejera de Economía y Hacienda, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre: posición de la Junta de Castilla y León en relación con el proyecto de Plan de Estabilidad Presupuestaria, presentado ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera". Tiene la palabra la señora Consejera.

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO):

Gracias, Presidente. Señorías. En el origen de la norma se encuentra como factor determinante la configuración de la Unión Europea como una unión monetaria.

En una unión de esta naturaleza, factores como la desaparición del tipo de cambio y de la política monetaria como instrumentos de estabilización macroeconómica, y la ausencia de otros mecanismos de ajuste, como la plena flexibilidad de precios y salarios, y la movilidad del factor trabajo, ha determinado que la Política Fiscal adquiera una primordial importancia. De ahí, Señorías, que resulte indispensable articular la coordinación de las políticas fiscales, idea que se ha concretado en los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea, en primer lugar, en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento acordado en el Consejo de Ámsterdam, de junio del noventa y siete, donde se llegó a la conclusión de que procedía limitar la utilización del déficit público como instrumento de política económica.

Los Estados miembros se comprometieron a perseguir el objetivo, a medio plazo, de situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit; de forma que, cuando el ciclo económico fuese más adverso, el déficit general como consecuencia de la actuación de los estabilizadores automáticos, se mantuviera siempre por debajo del 3% del PIB; y también se comprometieron a presentar anualmente programas de estabilidad y de convergencia.

En segundo lugar, en el seno del Consejo Europeo de Santa María de Feria, de junio del dos mil, donde se formularon las recomendaciones relativas a las orientaciones comunes de la política económica. Los Estados miembros debían continuar el saneamiento de las cuentas públicas más allá del nivel mínimo para cumplir los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En consecuencia, España opta por introducir un instrumento normativo -la Ley General de Estabilidad Presupuestaria- que permita el desarrollo de la actividad del sector público en un marco de estabilidad presupuestaria y por medio del cual, dada la compleja organización territorial española, se corresponsabilice a todas las Administraciones Públicas en la consecución de este objetivo.

Esta Ley, junto con la Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, responde a una iniciativa que supone, sin lugar a dudas, un cambio importante del escenario actual -como veremos más adelante- de la actuación presupuestaria de las Administraciones Públicas.

El Gobierno segregó el contenido del Anteproyecto inicial en dos textos, uno con el carácter de ley ordinaria y otro con el carácter de ley orgánica, que se configura como complementaria del anterior y que tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre la Hacienda Pública Estatal y la de las Comunidades Autónomas en materia presupuestaria, como prevé el Artículo 146.1 de la Constitución.

No obstante lo anterior, como señala su propia Exposición de Motivos, la propia denominación de esta Ley pretende expresar el hecho de que la interpretación y aplicación de ambas leyes deberá producirse siempre de forma unitaria, siendo las dos normas instrumentos al servicio de idénticos objetivos de política económica. La presente Ley Orgánica es de aplicación a todas las Comunidades Autónomas.

El objeto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es el equilibrio presupuestario de todo el sector público. Se ha comprobado que con un sector público comprometido con una disciplina fiscal se han controlado los desequilibrios básicos de nuestra economía, al dejar de ser el sector público un foco potencial de inestabilidad.

Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que esta política presupuestaria ha sido una de las armas más valiosas de la política económica para conseguir este crecimiento económico estable, que ha permitido generar empleo.

El objetivo de la ley orgánica complementaria es más concreto y se reduce a establecer los mecanismos jurídicos de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas al servicio de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Por ello, no se debe de entender esta Ley en otro sentido o contexto que el de la propia cooperación de todas las Administraciones comprometidas en conseguir una estabilidad presupuestaria para lograr el pleno empleo y el máximo bienestar social.

Señorías, todas las Administraciones deben de comprometerse con el nuevo marco presupuestario. Este esfuerzo redundará en beneficio de todos: Administraciones, ciudadanos, economía, empleo, etcétera. En definitiva, del bienestar social. Pero nunca se lograría este objetivo sin una coordinación presupuestaria adecuada, que tenga en cuenta la realidad plural del sector público español.

Durante los últimos años, las transferencias del Estado han aumentado rápidamente y, en particular, hacia las Comunidades Autónomas. Cuando concluya este proceso, las Administraciones Territoriales gestionarán tantos recursos como la Administración General del Estado, si excluimos la carga de una deuda contraída para financiar a todos.

Las transferencias del Insalud y las políticas activas de empleo a Castilla y León y a otras Comunidades Autónomas incrementan más aún el porcentaje de las Comunidades en detrimento de la Administración del Estado.

El incremento del gasto público autonómico en relación con el total y la aceptación del principio de estabilidad presupuestaria entendida como la situación de equilibrio o superávit de las Administraciones Públicas, y la posición de equilibrio financiero a la que tenderá el resto de los agentes públicos hacen conveniente superar la mera declaración de intenciones para establecer una norma positiva... o en una norma positiva el compromiso de la estabilidad; lo que supone un pacto con las generaciones futuras para que dispongan de recursos suficientes ante los cambios tecnológicos en constante movimiento y ante el envejecimiento de la población, entre otras circunstancias.

Señorías, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria se aplicará a todas las Administraciones Públicas, a la Seguridad Social y a las diversas personas jurídicas de ellos dependientes, con pleno respeto a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y a las especialidades derivadas de la naturaleza, régimen jurídico y fines de las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles y demás entes o establecimientos dependientes de las Administraciones Públicas.

En lo que respecta a los principios generales, quiero señalar que la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la ley orgánica complementaria definen cuatro principios generales aplicables a todas las Administraciones: el primero, la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con las orientaciones generales previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; segundo, los presupuestos se insertan en un marco plurianual compatible con el principio de anualidad que lo rige; tercero, transparencia que permita obtener información suficiente para poder verificar el cumplimiento del principio de estabilidad; y, cuarto, la supeditación de las políticas del gasto público al cumplimiento del objetivo de estabilidad y ejecución orientada por la eficacia, la eficiencia y la calidad.

Hechas estas consideraciones, quiero señalar, Señorías, que la filosofía de estas leyes no puede ser menos que encomiable y aceptada por esta Comunidad Autónoma, pues creemos firmemente que el equilibrio presupuestario es el soporte para consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo.

En lo que se refiere a la actividad financiera y presupuestaria de las Comunidades Autónomas, la utilización de este instrumento normativo descansa en evidentes razones de legalidad y oportunidad. El problema puede plantearse -y así se ha dicho en reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera- al establecer los instrumentos y la técnica para lograr el equilibrio presupuestario por parte de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, entendemos que el punto de partida, en cuanto a volumen de déficit y deuda entre Comunidades Autónomas, es muy diferente, y sería necesario -y así se ha dicho en la posición de Castilla y León en el Consejo de Política Fiscal y Financiera- que se logre un equilibrio previo a la aplicación de la nueva Ley de Estabilidad.

También, el Consejo de Política Fiscal y Financiera debe de aclarar las posibles compensaciones de superávit y déficit entre las Comunidades Autónomas, para lo cual están constituidos unos grupos de trabajo que en breve van a reunirse para tratar de estos temas.

Igualmente, el calendario previsto en la propia Ley de aprobación de normas necesarias, la nueva Ley General Presupuestaria y las normas de desarrollo, para la elaboración de las normas internas de las propias Comunidades Autónomas ha obligado a que la nueva Ley de Estabilidad, aun entrando en vigor el uno de enero del dos mil dos, es aplicable a los presupuestos que se elaboren a partir del ejercicio del dos mil tres, cuando, además, ya está en funcionamiento el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.

En cuestiones concretas, hemos puesto de manifiesto al Consejo que se definan y utilicen los mismos conceptos utilizados en la SEC, dado que son conceptos aplicables a nivel europeo, además de la aclaración de la equivalencia de los términos de la SEC con la contabilidad presupuestaria.

Los ciudadanos cada vez más aprecian el rigor presupuestario y saben que el principio de estabilidad es beneficioso para ellos, porque redunda positivamente en la marcha de la economía, ayuda a la estabilidad de los precios y a unos tipos de interés reducidos.

Se ha dado un paso adelante al plasmar en el ordenamiento jurídico los principios que todos hemos defendido siempre, para que al visualizarlo el conjunto de la sociedad contribuyan a generar expectativas positivas, tan necesarias para la buena marcha de la economía, que posibilite nuestra cada vez más cercana convergencia real con nuestros socios europeos.

No hay que olvidar que el proceso descritos sería inútil en un país fuertemente descentralizado como España, si el esfuerzo no fuera simultáneamente realizado por el conjunto de las Administraciones Públicas. Así ha sido entendido ya desde hace tiempo por las propias Comunidades Autónomas, que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en enero del noventa y siete en Cádiz, se comprometieron a contribuir a la elaboración de una política presupuestaria acorde con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; incorporando, además, el compromiso de diseñar un procedimiento de saneamiento de déficit excesivo y el establecimiento de mecanismos de control de su cumplimiento, dando lugar a los escenarios de consolidación presupuestaria con vigencia para el período mil novecientos noventa y ocho-dos mil uno, que preveía para este último año la situación de déficit cero, compromiso que se ha mantenido en esta Comunidad Autónoma también en el ejercicio dos mil dos.

El Artículo 40 de la Constitución obliga a todos los poderes públicos a promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de la política de estabilidad económica.

El Legislativo ha aprobado una norma que respeta las competencias de las Comunidades Autónomas; y, por ello, el texto de la Ley facilita que cada Comunidad adopte las medidas normativas y organizativas que precise para la consecución del objetivo de equilibrio presupuestario.

Señorías, lejos de buscar una uniformidad, ahora se facilita la diversidad, atendiendo cada Comunidad a sus particularismos, usos y costumbres parlamentarias, dentro del cumplimiento del principio de estabilidad, que, por otra parte, ya ha sido ratificado en numerosas ocasiones por todas las Comunidades Autónomas.

La Ley marca un camino exigente para la Administración del Estado, con un techo de gasto, pero no para las Comunidades Autónomas. Queda a la libre decisión de las Comunidades Autónomas, en el marco de las competencias reconocidas en el texto constitucional y en sus Estatutos de Autonomía, determinar si el objetivo de superávit o equilibrio será logrado del mismo modo previsto para el Estado, o si, por el contrario, utilizará las potestades normativas para incrementar sus ingresos, permitiéndoles de este modo continuar realizando los gastos con el volumen que estimen imprescindible.

Se remite así expresamente la Ley al desarrollo que en su caso podrán realizar las Comunidades Autónomas, al objeto de establecer la forma en que alcanzarán el objetivo de estabilidad que en cada caso haya sido fijado.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley, también son las Comunidades Autónomas quienes han de determinar la forma en que se dará cobertura a las necesidades no previstas en el presupuesto inicial.

Es cierto que deben de presentar presupuestos equilibrados, pero es una a una cada Comunidad Autónoma quien debe decidir si ese principio se va a cumplir restringiendo los gastos o incrementando los ingresos, ya que las Comunidades Autónomas, en desarrollo del principio de corresponsabilidad fiscal, disponen de competencias normativas en el IRPF, así como en los impuestos cedidos, como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la Tasa del Juego, Sucesiones, etcétera, donde sí están ejerciendo sus competencias, desarrollando su política fiscal y subiendo o bajando los impuestos en función de las leyes que aprueban sus Parlamentos Regionales.

En otro orden de cosas, también quisiera señalar el esfuerzo... o el refuerzo, perdón, del papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al atribuirle las funciones de coordinación y supervisión de la actuación presupuestaria de las Comunidades Autónomas, en su condición de órgano de enlace entre éstas y el Estado.

En particular, se prevé que el Consejo de Política Fiscal y Financiera sea el órgano de coordinación donde se fijen anualmente tanto el objetivo de estabilidad que se establezca para el conjunto de las Comunidades Autónomas, como, posteriormente, para la determinación del objetivo individual de cada Comunidad. Así lo prevé el Artículo 6. Este informe tendrá para el Gobierno carácter preceptivo para la elaboración de su objetivo consolidado de estabilidad presupuestaria.

En este sentido, y en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 6 de la Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que es la Ley 5/2001, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de fecha siete de marzo del dos mil dos se informó, por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas, prevista para el periodo dos mil tres-dos mil cinco. Dicha propuesta, que fijaba el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes para el conjunto del sector público, y para cada uno de los grupos y agentes que lo integran, se justificaba en el éxito de la consolidación fiscal como clave para la... que ha posibilitado el crecimiento económico español a un mayor ritmo que el de la Unión Europea, creando más empleo y avanzando significativamente en la convergencia real.

Dicha propuesta -y quiero reseñarlo- obtuvo el respaldo de las Comunidades y Ciudades Autónomas allí representadas, existiendo tan solo discrepancias procedentes de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista y nacionalistas respecto al mecanismo jurídico que regula dicho objetivo de equilibrio presupuestario, pero aceptando todas ellas, sin fisura, la bondad de dicho objetivo en sí mismo.

Establecido el principio de estabilidad presupuestaria para las Administraciones Públicas, así como para las Comunidades Autónomas en su conjunto, resultaba necesario proceder al reparto de dicho equilibrio entre todas y cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas representadas en el Consejo de Política Fiscal.

Al objeto de determinar el mismo, se convocó, con fecha cinco de abril del dos mil dos, una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal, en el que, ante la falta de propuestas de posibles superávit presupuestarios, se acordó fijar el objetivo de equilibrio presupuestario para todas y cada una de las Comunidades Autónomas.

En esta reunión, la Comunidad Autónoma de Castilla y León manifestó nuevamente la aceptación de las leyes de estabilidad presupuestaria, al entender que estas consolidan el crecimiento económico y la creación de empleo. No obstante, se manifestó que queda por delante una importante tarea a desarrollar por los grupos de trabajo que se crearon durante la celebración de la sesión plenaria del Consejo de fecha siete de marzo.

En tal sentido, resulta todavía necesario delimitar, en primer lugar, el ámbito subjetivo de la Ley, al objeto de aclarar, sin ningún género de dudas, lo que se entiende por Administración Pública, utilizando una misma terminología y definiendo lo que es el equilibrio presupuestario para determinadas entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y otros entes o establecimientos de Derecho Público.

De igual modo, resulta necesario que en los criterios, o en los citados grupos de trabajo creados a tal efecto, se fijen los escenarios de endeudamiento para el año dos mil dos que permitan el equilibrio previo a la aplicación de la nueva Ley de Estabilidad, tomando como punto de partida el nivel de dotación de servicios e infraestructuras, y el volumen de déficit y deuda actualmente existente entre las Comunidades Autónomas.

El compromiso con la Ley de Estabilidad, o con la estabilidad presupuestaria, es la mejor garantía para el mantenimiento del actual nivel de cobertura social, salvaguardando a los futuros beneficiarios de los efectos negativos que pudieran derivarse de posibles variaciones cíclicas a medio y largo plazo y ante el envejecimiento de la población, lo que permitirá afrontar los desafíos presupuestarios que todo ello conlleva.

Por otra parte, la reducción del déficit público, y la consiguiente contención de la deuda pública, no ha limitado en el caso de Castilla y León la realización de gastos de inversión, como a veces se ha dicho, gracias a la contención de los gastos corrientes y al buen comportamiento de la recaudación de los tributos cedidos y el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que se aprobó en el año mil novecientos noventa y seis.

Los gastos de inversión en Castilla y León han crecido desde mil novecientos noventa y ocho, año en el que se aprobaron los escenarios de consolidación financiera para el periodo noventa y ocho-dos mil uno, más de 54.000 millones de pesetas, un 36,5, llegándose a alcanzar en el año dos mil más de 202.000 millones de pesetas, según la liquidación del presupuesto consolidado, lo que supone un 28% del total de dicho presupuesto, por encima de las Comunidades con competencias similares.

Nuestra Comunidad ha cumplido con los compromisos en cuanto a endeudamiento y déficit de los escenarios formalizados, por lo que entendemos que estas leyes no nos perjudican. La situación puede ser diferente para aquellas administraciones que, de forma reiterada, han incumplido este compromiso.

Por lo tanto, antes de finalizar, me gustaría señalar que nos encontramos ante un reto que es preciso afrontar con seriedad y valentía, y que exige el esfuerzo y la solidaridad de todas las Comunidades Autónomas. La Ley de Estabilidad es una de las mejores formas de asegurar el futuro de los ciudadanos, porque garantiza que nadie comprometerá indebidamente los recursos que corresponden exclusivamente a su futuro. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señora Consejera. Suspendemos la sesión durante quince minutos.

(Se suspende la sesión a las once horas y se reanuda a las once horas quince minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Se reanuda la sesión. Para formular preguntas o sugerencias a lo dicho por la señora Consejera, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, su Portavoz, don Octavio Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Gracias a la señora Consejera por su comparecencia. Como es evidente, esta comparecencia fue solicitada por el Grupo Socialista cuando estaba el debate de la Ley en su punto álgido, y en estos momentos el debate está ya sobrepasado, y en estos momentos está planteado ya un litigio, incluso, ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario Socialista, por diferentes Comunidades Autónomas... No vamos a entrar en la cuestión del litigio, ¿no? Es una cuestión suficientemente debatida, que ha sido incluso objeto de discusiones en el Pleno de la Cámara, y, en este sentido, pues hacer simplemente algunas referencias que sirvan para entender cuál va a ser la intervención de este Grupo Parlamentario.

Es decir, el Gobierno de la Nación -yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es una descripción relativamente objetiva- ha optado, en el Proyecto de Ley de Estabilidad y en la Ley Orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad, un objetivo... un objetivo, que además se ha marcado año tras año, de que las cuentas públicas de las diferentes Administraciones en España no tengan déficit. Es un objetivo más ambicioso y, a la vez, más restrictivo que los objetivos marcados -y a los que ha hecho referencia la señora Consejera- por el Consejo Europeo de Santa María de Feira del año dos mil, que marcan objetivos de déficit del 3%.

Se puede discutir la conveniencia o no de que el déficit tenga un 0% -esa es una vieja discusión doctrinal-, y se puede discutir la conveniencia de que este objetivo se fije año tras año. También se puede discutir si la capacidad que tiene el Estado español, por mor de nuestra Constitución, para coordinar la actividad económica de las diferentes Administraciones Públicas, que es una capacidad que le concede la Constitución, pero que el Tribunal Constitucional ha aclarado, sin ninguna duda, que no supone -naturalmente- que queden a la entera disponibilidad del Estado el alcance e intensidad de estas restricciones; es decir, se puede discutir si es congruente con el principio de autonomía de las Comunidades Autónomas una limitación que impide, de facto, a una Administración Pública de incurrir en déficit en un único ejercicio presupuestario.

Porque es verdad que las Comunidades Autónomas van a tener la posibilidad de disminuir los gastos o de incrementar los ingresos para obtener la estabilidad de sus cuentas públicas; pero también es verdad que esa posibilidad que tienen la van a tener restringida ejercicio a ejercicio. Es decir, ¿no sería razonable, por ejemplo, que una Comunidad Autónoma se planteara obtener el equilibrio de sus cuentas públicas a partir de la base de que determinados ejercicios va a incurrir en un cierto déficit, y que en otros ejercicios va a incurrir en un cierto superávit? Al final, el saldo del equilibrio tomado en un periodo de tiempo más amplio que un año sería el mismo. Sin embargo, la ley le obliga a mantener este principio de equilibrio y de estabilidad de las cuentas públicas todos y cada uno de los ejercicios.

¿Esto es una limitación que entra dentro de las facultades constitucionales del Gobierno o no? Bueno, es una limitación que el Tribunal Constitucional establecerá en su día si es una restricción exagerada, si el Gobierno puede imponer estos objetivos en periodos más amplios que un año, o si es razonable que los objetivos se marquen con un criterio de periodicidad anual.

Sí que me interesa no entrar en el debate jurídico, sino en el debate práctico de lo que supone la aplicación de este principio en esta Comunidad Autónoma.

Bueno, nos vamos a encontrar, en primer lugar, con que esta es una región, Castilla y León es una Comunidad Autónoma que en los próximos años va a obtener importantes transferencias de la Unión Europea, porque es una región Objetivo Uno, situación en la que vamos a dejar de estar en un periodo determinado de tiempo, si la evolución positiva de nuestra economía regional no se corta o no se frustra en los próximos ejercicios.

Parecería razonable, por tanto, que aprovecháramos estos años de importante recepción de transferencias europeas para cofinanciar aquellos proyectos de inversión que necesitan ese apoyo comunitario. Esa cofinanciación nos va a exigir un esfuerzo adicional de inversión; un esfuerzo adicional de inversión para aprovechar al máximo los fondos de la administración europea.

¿No sería más razonable -y esta es la posición que mantenemos los socialistas- aprovechar al máximo esta cofinanciación europea, cuando la tenemos garantizada en estos años, aun a costa de luego reducir un poco el esfuerzo inversor, porque también se nos van a reducir las fuentes de financiación de la inversión en los próximos ejercicios, y obtener un criterio de estabilidad de las cuentas públicas medido en un periodo de tiempo más amplio, diez o doce años, que no obligarnos año tras año a equilibrar nuestras cuentas públicas sin déficit, contando con el riesgo (posible) de que posibles cofinanciaciones europeas se pierdan?

En estos momentos, nuestra Comunidad Autónoma ya está dejando de cofinanciar proyectos que cuenta con financiación europea. Hay determinadas iniciativas, por ejemplo, la "EQUAL" o "IQUAL" -se diga en francés o en inglés-, que están... de la que están beneficiándose Ayuntamientos de la Región, en algunos de cuyos proyectos no aparece la cofinanciación de la Junta de Castilla y León. Es decir, tenemos ya alguna dificultad para atender la cofinanciación con fondos de Castilla y León de algunas iniciativas europeas. Esta dificultad se nos puede agudizar en los próximos ejercicios. Y nosotros creemos que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, obligándonos a equilibrar año tras año, en vez de obligarnos a un equilibrio en un periodo de tiempo (siete, ocho, nueve, diez años), puede agudizar el problema.

Desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma, nuestra Autonomía no queda demasiado limitada por la Ley de Estabilidad, porque nosotros, ya en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, tenemos un Artículo, que -después de la Reforma- es el 50.3, que obliga, desde el origen de la Comunidad Autónoma, a que los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León se presenten equilibrados ante las Cortes. Esa es una decisión que adoptamos los legisladores de Castilla y León en el uso de nuestra autonomía. Podíamos haberlo adoptado o no haberlo hecho, el resto de las Comunidades Autónomas no lo ha hecho, nosotros sí.

En este sentido, lo que es uso de nuestra Autonomía no se nos puede imponer por ley. Si nosotros decidimos voluntariamente someternos a ese principio, el resto de las Comunidades Autónomas que decidieron, con la misma voluntariedad, no someterse pueden invocar, razonablemente, el que su autonomía no les obliga a hacer eso, y que, por lo tanto, parece difícil que lo que es una decisión autónoma de la Comunidad se le pueda imponer por ley estatal. Ese es un punto que, a nuestro juicio, deja un poquito en evidencia la posibilidad de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria vulnere el principio de autonomía que todas las Comunidades Autónomas tienen.

Pero si nuestros Presupuestos se presentan equilibrados, la Ley nos implica restricciones importantes también en materia de endeudamiento. La propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica complementaria de la General de Estabilidad Presupuestaria lo deja muy claro, en una única frase: "No podrá recurrirse a una mayor emisión de deuda pública como forma de financiación". Lo dice taxativamente. Luego la Ley autoriza a que esto tenga una capacidad de utilización excepcional.

Si a la Comunidad Autónoma el no poder recurrir a una fuente mayor de endeudamiento le va a crear problemas, imaginemos lo que va a pasar con las Entidades Locales de Castilla y León. Castilla y León no solamente es una gran región, es la región de Europa que tiene mayor número de municipios y es la región de España que tiene mayor número de municipios. Estamos hablando de Ayuntamientos que tienen presupuestos de 10, 12, 14 ó 20 millones de pesetas. Si para las cuentas de la Comunidad Autónoma el no poder recurrir a una fuente mayor de endeudamiento le va a crear problemas, imaginemos lo que va a pasar con las Entidades Locales de Castilla y León.

Castilla y León no solamente es una gran región, es la región de Europa que tiene mayor número de municipios y es la región de España que tiene mayor número de municipios. Estamos hablando de Ayuntamientos que tienen presupuestos de 10, 12, 14 ó 20.000.000 de pesetas. Si para las cuentas de la Comunidad Autónoma la limitación de no poder hacer frente a un mayor... de no poder utilizar el endeudamiento como forma de financiación le supone un problema, para algunos Ayuntamientos les va a suponer un problema mucho más grave. Porque estos Ayuntamientos pequeños tienen una fluctuación de sus cuentas de ingresos y gastos mucho mayores que los de la Comunidad Autónoma. Para la Comunidad Autónoma es impensable que el presupuesto de un ejercicio se multiplique por dos respecto del anterior, pero para un Ayuntamiento pequeño eso es posible si acomete una importante obra de inversión en su municipio. Y la Ley de Estabilidad Presupuestaria no se lo pone fácil, se lo pone extraordinariamente difícil.

Y va a haber Ayuntamientos de nuestra Región, pequeños Ayuntamientos, que no van a poder acometer importantes inversiones públicas -importantes para el volumen de escala de su actuación- por la Ley de Estabilidad Presupuestaria; y esto tenemos que reconocerlo. Y, además, la Ley, tal como está definida, otorga a la Inspección del Ministerio de Hacienda unas capacidades de inspección sobre las cuentas municipales que -a nuestro juicio- vulneran nuestra competencia en materia de régimen local, porque debía ser la Comunidad Autónoma el organismo, la Administración que tutelara y controlara un correcto uso por parte de las cuentas públicas, por parte de los Ayuntamientos de la Región, no debe ser el Ministerio de Economía y Hacienda. Porque la Comunidad Autónoma de Castilla y León sabe mucho mejor que el Ministerio de Hacienda cómo están las cuentas de un Ayuntamiento y cuáles son las necesidades de inversión de un Ayuntamiento, y el Ministerio lo que va a aplicar son criterios estadísticos, mientras que nosotros tenemos que aplicar criterios de desarrollo económico.

Si no fuera necesario -que lo era ya antes-, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria es imprescindible para esta Comunidad Autónoma ampliar el nivel de escala de gestión de los fondos municipales en la Región. Esta Ley hace imprescindibles las comarcas, porque las comarcas podrán planificar inversiones importantes un año en un Ayuntamiento, otro año en otro, otro año en otro, otro año en otro. Si dejamos a nuestros Ayuntamientos, a nuestros más de dos mil Ayuntamientos, el cumplimiento estricto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no será posible hacer importantes inversiones públicas en estos Ayuntamientos, a no ser -eso sí- que las financie al 100% la Comunidad Autónoma. Y esto va a generar una tensión sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma, va a obligar a la Comunidad Autónoma a, para que los Ayuntamientos cumplan la Ley de Estabilidad, tener que financiar más intensamente algunos proyectos de inversión; que con una ley más razonable también permitiría criterios más razonables de cofinanciación autonómica. Ese es un segundo problema que nos preocupa.

Y ya digo que los problemas que tiene esta Comunidad no son nada comparados con los problemas que van a tener los pequeños Ayuntamientos de la Región para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Pero, además, sería importante que supiéramos en qué condiciones se va a aplicar la Ley. La Consejera ha dicho -y, en principio, me parece una posición razonable- que va a exigir al Estado que tenga en cuenta, para la definición del sector público al que hace referencia el Artículo 2 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, los criterios del "Sistema Europeo de Cuentas 95", de la "SEC 95". Esta definición tan abstracta, tan abstrusa, ¿qué quiere decir en la práctica? Según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas del noventa y cinco, las empresas públicas que tienen más del 50% de sus ingresos como comerciales no consolidan sus cuentas dentro del sector público.

Esto va a suponer que una empresa pública que es al 100% propiedad de la Comunidad de Castilla y León, que todo su trabajo lo realiza vendiendo el trabajo a la Comunidad de Castilla y León, no tendrá la obligación de consolidar sus cuentas con las de la Comunidad Autónoma. Esto nos "permite" -entre comillas- que la deuda de Gicalsa no consolide como deuda de la Comunidad Autónoma, aunque la misma Consejera ha dicho -y yo creo entender que también es una posición razonable- que a nosotros nos interesa que en el volumen de deuda que se nos reconoce de partida para empezar a aplicar la Ley General de Estabilidad Presupuestaria sí que entre esa deuda de Gicalsa. Es decir, por un lado nos interesa que los más de 20.000 millones de pesetas que debe en estos momentos Gicalsa sean asumidos por el Estado como parte de la deuda de la Comunidad Autónoma; porque, en caso contrario, nos encontraríamos con que la carretera, la autovía Burgos-León, no se podría terminar, muy probablemente. O que no se pueden hacer nuevas carreteras por parte de Gicalsa. Pero luego, por otro lado, nos interesa que a la hora de consolidar año tras año nuestras cuentas en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, esa misma deuda no consolide dentro de las cuentas de la Comunidad y no aparezca dentro de la deuda de la Comunidad.

Como ven Sus Señorías, estamos en un filo de la navaja en donde, por razones de estricta conveniencia, tenemos que defender una cosa y la contraria, según el momento procesal. Y, como ven Sus Señorías, esta Ley tiene trampa; esta Ley permite que haya Comunidades Autónomas que tengan empresas públicas con centenares de miles de millones de pesetas de deuda que no se consideran, a efectos de la estabilidad presupuestaria, deuda. Y esta Ley permite, por lo tanto, no que no haya deuda de las Comunidades Autónomas, sino que la deuda de las Comunidades Autónomas se concentre en las empresas públicas.

Aquí vamos a tener una Comunidad Autónoma inmaculada; no va a tener deuda, no va a recurrir al endeudamiento, no va a tener déficit; la deuda y el déficit las externalizamos en las empresas públicas. Por cierto, que este modelo no es muy original; ya lo enseñó... lo ensayó, con poco éxito -también es verdad-, don José Calvo Sotelo, como tuve ocasión de... que tenía los presupuestos equilibrados en el sector del Estado y luego tenía un mogollón -por decirlo coloquialmente- de empresas públicas, todas ellas quebradas, ¿eh? Bueno, vamos a volver -por lo visto- a los tiempos de la hacienda pública de Calvo Sotelo, que acabaron mal; el señor Calvo Sotelo causó, con sus desastres económicos -también es verdad que la crisis del veintinueve tuvo algo que ver-, la caída de la Dictadura y la caída de la Monarquía en España. Esperemos que no haya consecuencias tan nefastas para la aplicación de esta Ley de Estabilidad.

Y si nos preocupa, nos preocupa seriamente qué va a pasar con la Ley de Estabilidad en nuestros Ayuntamientos, qué tratamiento vamos a dar en la Ley de Estabilidad a las empresas públicas -porque, una de dos, o hacemos trampas para cumplir la ley o, si cumplimos la ley, reducimos drásticamente la inversión en la Comunidad Autónoma-, también nos preocupa cuál va a ser la aplicación concreta de los principios de estabilidad presupuestaria año tras año.

Mañana es el primero de mayo. Las centrales sindicales convocan manifestaciones para quejarse de los proyectos del Gobierno, que -a su juicio- suponen un recorte en las prestaciones sociales por desempleo en nuestro país. Esto es una aplicación del principio de estabilidad presupuestaria; porque, claro, los estabilizadores automáticos de los ciclos económicos, que suponen que cuando la actividad económica se contrae hay un mayor gasto en protección social, son incongruentes e incompatibles con el principio de estabilidad presupuestaria. Si un año en nuestro país hay más paro y menos empleo, habrá menos ingresos y tendrá que haber más gastos de desempleo; pero si todos los años, uno por uno, tenemos que mantener los principios de equilibrio en las cuentas públicas, solo se conseguirá esto reduciendo las prestaciones por desempleo. Y la reforma del Gobierno es una directa aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria. Equilibrar las cuentas públicas año tras año no significa, de alguna manera, renunciar a ese principio de estabilización, que, teóricamente, siempre se ha defendido en ciclos más largos. Y esto es así.

De la misma manera que es así el que es verdad que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que ha recibido muchas transferencias del Estado, ha incrementado los gastos de inversión, fundamentalmente por el incremento de las transferencias; algo tiene que ver el haber recibido Educación y ahora Sanidad con que se incremente el Capítulo VI, de inversiones, en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma; pero también es verdad que se han incrementado en mayor medida los impuestos que los ciudadanos de Castilla y León pagan a esta Comunidad Autónoma. Ahora hemos conocido el Informe del Tribunal de Cuentas del año noventa y nueve y hemos visto que la Comunidad Autónoma de Castilla y León ese año presupuestó recibir 29.000 millones de pesetas por impuestos indirectos, y al final recaudó 41.000. ¿Mejora en la gestión? Lo reconocemos. ¿Incremento de la presión fiscal? Reconózcasenos; reconózcasenos que hemos pagado más impuestos, y que estamos pagando impuestos por encima del 45% de lo que se presupuesta año tras año en el capítulo de ingresos que administra directamente la Comunidad de Castilla y León y que las inversiones no crecen por encima de lo presupuestado. Vamos mejorando nuestro nivel de ejecución de las inversiones, pero las inversiones son siempre inferiores a lo presupuestado.

En conclusión, a nuestro juicio, la Ley de Estabilidad impone limitaciones temporales que obligan inevitablemente a recortes de la protección social en los ejercicios en que haya menor actividad económica, como se está viendo cuando se empieza a aplicar la ley. Un principio teórico muy positivo tiene aplicaciones prácticas perversas, porque impide el funcionamiento de los estabilizadores automáticos.

Esta Ley de Estabilidad supone para las pequeñas Administraciones, que tienen una mayor fluctuación de sus cuentas públicas, para los pequeños Ayuntamientos de la Región, dificultades insalvables, que tendremos que salvar incrementando la descentralización de esta Comunidad Autónoma, y que tendremos que salvar poniendo en marcha estructuras de gestión... estructuras comarcales de gestión que permitan hacer planificación a medio y a largo plazo sin las limitaciones que tienen estos pequeños presupuestos municipales. Las comarcas son una necesidad, también, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Nuestro objetivo de equilibrio ya está en el Estatuto de Autonomía. No necesitamos que venga el Estado a interferir en las decisiones autónomas de esta Comunidad. Nosotros, en el Estatuto, ya tenemos objetivos de equilibrio, porque hemos decidido autónomamente imponérnoslos nosotros; no necesitamos que el Estado nos imponga nada.

La Ley abre la puerta a trampas, a que las cuentas públicas, a que los déficits públicos y que el endeudamiento se externalicen, a que cada vez haya más empresas públicas que no consoliden sus cuentas con las de la Comunidad, aunque en la práctica sea el sector público. ¿Alguien duda de que Gical es sector público en esta Comunidad Autónoma? Pues con los criterios que ha expuesto la Consejera, Gicalsa no es sector público; con los criterios de la SEC 95, no consolida sus cuentas dentro del sector público. Pero, por otro lado, nos va a interesar que, aunque Gicalsa no sea sector público de la Comunidad de Castilla y León, su deuda sí se nos reconozca cuando se... cuando se parta de la deuda que tiene esta Comunidad para hacer desarrollo.

Y volvemos al punto de partida: si es que nos interesa que nos reconozcan mayor capacidad de endeudamiento, porque tenemos más necesidades sociales que los territorios más desarrollados. Nosotros somos como un ciudadano que no tiene vivienda; y si el ciudadano no tiene vivienda, tiene que formalizar una hipoteca para hacerse la casa. Hay otros que ya tienen la casa y que deben más dinero que nosotros. Y nos van a tratar a todos por igual. Y lo peor es que si no nos tratan a todos por igual, será porque hagamos trampas a la ley, será porque hagamos trampas a la ley; porque utilicemos los recovecos de la ley para salirnos de su aplicación inexorable.

En este sentido, una ley que crea problemas sociales, que crea problemas territoriales y que para aplicarse bien tiene que aplicarse con trampa, es una ley innecesaria y perjudicial. Nosotros estamos de acuerdo con el principio de estabilidad presupuestaria, pero no estamos de acuerdo en que se aplique como un cilicio. Y el principio de estabilidad presupuestaria, tal como se define en el proyecto de ley... en la ley aprobada por las Cortes a instancias del Gobierno -de la mayoría del Partido Popular- es un cilicio para los Ayuntamientos, para los trabajadores y para la Comunidad Autónoma.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señor Octavio Granado. Es el turno del Portavoz del Grupo Popular, don Francisco Aguilar, para que formule las preguntas o sugerencias a lo dicho por la señora Consejera. Tiene la palabra.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Consejera, por la intervención que acaba usted de tener en el transcurso de la mañana.

En definitiva, lógicamente -y por lo que acabo de oír al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-, todos estamos de acuerdo en la bondad de la estabilidad presupuestaria. O sea, como... como objetivo o como elemento importante de reflexión, yo creo que ahí no tenemos ninguna duda ninguno.

Yo creo que el cilicio, a ver si nos aprieta lo menos posible, ¿verdad?, y, en definitiva, eso sí que... eso sí que yo creo que se sale fuera del tono del discurso -supermoderado- que ha tenido el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero que viene a ser, pura y simplemente, la reiteración del discurso que ya pronunció en esta Cámara el día diez de mayo del dos mil uno, donde habló de "la ley trampa", donde habló de que, efectivamente, era una ley perversa, donde habló de cómo las Comunidades y las... las instituciones que se iban a endeudar no debían de hacerlo en ese logro de superávit o de déficit cero anualmente, sino por mayor tiempo. En definitiva, es el mismo discurso.

Por lo tanto, Señoría, y señora Consejera, el Grupo Parlamentario Popular la primera afirmación que hace es que está de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por supuesto, con la ley orgánica complementaria. Porque hay que tomar las cosas con mucha sencillez y con el menor de los argumentos rimbombantes posibles para que el ciudadano los entienda y los comprenda.

Y, en definitiva, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que tener un mayor control del gasto público, evidentemente. Y en este país, quiérase o no, el control del gasto público se ha producido con el Gobierno del Partido Popular. Y en este país, lógicamente, quiérase o no, el gasto público era un disparate completo y absoluto en otras épocas en que gobernaba el Partido Socialista. Y aquí se pagaba más de intereses que lo que se invertía; y aquí se tenía que pagar más de paro que los puestos de trabajo que existían creados.

Y, en definitiva, ese es el eterno problema, el eterno problema que surge cuando existe un descontrol, cuando no existe una disciplina presupuestaria, cuando "gasta lo que quieras, que no pasa absolutamente nada". Y, en consecuencia, de aquellos lodos o de aquellos barros vienen estos lodos. Y, por lo tanto, hay que producir un reajuste, hay que producir esa estabilidad, hay que intentar el déficit cero, o hay que intentar el superávit.

Y ponía el ejemplo el Portavoz Socialista de la hipoteca. Pues claro, evidentemente, la hipoteca ahí está; pero también está el del señor que ingresa 100 y tiene obligaciones por 1.000 -me da igual que lo hablemos en euros o lo hablemos en pesetas-, no va a poder pagar, se va a tener que endeudar. Pues lo que tiene que hacer, lógicamente, en un razonamiento muy simple, muy sencillo y muy de la calle, es intentar ajustarse. ¿Y cómo se ajustan esas cosas? Pues no gastando en lo que no sea necesario; evidentemente, no gastando en aquello que no sea productivo y, por lo tanto, teniendo un control del gasto público y, fundamentalmente, del gasto corriente; y, fundamentalmente, teniendo una eficacia en la gestión y que, ciertamente, esa eficacia se traduzca -como no puede ser menos- en una contención del gasto.

Por lo tanto, hablar aquí ahora -yo tampoco lo voy a hacer, por supuesto- de si han recurrido ustedes la Ley de Estabilidad Presupuestaria ante el Tribunal Constitucional, o la Ley Orgánica, bueno, cada cual hace aquello que le conviene; pero no es menos cierto que la mayoría, la mayoría de las Comunidades Autónomas -y de eso la Consejera debía de decirnos algo- están... están y mantienen y creen en el objetivo de la estabilidad presupuestaria como elemento necesario y fundamental.

También se dijo, ya el día diez de mayo del dos mil uno, que había una invasión de competencias del Estado en las Comunidades Autónomas y que, por lo tanto, eso es lo que iba a ser uno de los capítulos fundamentales del recurso. Yo creo que si cogemos la Constitución y la leemos, y hacemos una lectura simple y sencilla, y una interpretación literal de lo que dice el Artículo 156 del texto constitucional, en el que señala que "Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles", puesto en relación con el Artículo 40, el texto constitucional con el texto del Estatuto, ni aquí por ley se vulnera el Estatuto ni aquí hay invasión de competencias.

Pero yo le diría más al señor Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: lógicamente, usted sabe y conoce la doctrina del Tribunal Constitucional, donde dice que estas actuaciones del Estado no son inconstitucionales. Y hay cinco Sentencias al respecto, que yo a usted no le voy a reseñar aquí, y que, por supuesto, nosotros no venimos aquí a hablar de eso. Pero también hay un Informe del Consejo de Estado, cuando se produce, lógicamente, el Proyecto de Ley, y dice que es absolutamente legal, positivo y que, por lo tanto, no ven obstáculo en que la Ley se tramite en los términos que se tramita, se lleve adelante en los términos que se ha llevado adelante.

Por lo tanto, estamos ante un fenómeno nuevo, que proviene de la Unión Europea. Y a mí me llama muchísimo la atención, muchísimo -y lo tengo que decir claramente-, cómo el señor Solbes da un toque de atención a Alemania y a Italia en un determinado momento porque, efectivamente, sus cuentas no son las cuentas que provienen y que procura que la Unión Europea se den en los Estados miembros. Y, por supuesto, yo creo que esa es una autoridad importante en materia económica a la cual le he oído decir, personalmente, que es necesaria la estabilidad presupuestaria, la disciplina presupuestaria, el control del gasto. Y que habían salido y que habían... se habían producido timbres de alarma en estos dos países de la Unión Europea y, por lo tanto, había que dar esa llamada de atención, por supuesto, con toda la laxitud que suponía el que pudiesen poner sus cuentas en orden.

No hay ley trampa; hay una disciplina. No hay nada perverso; hay, evidentemente, que concienciar a las Administraciones Públicas de que no se puede gastar sin límite. Y aquel que gaste sin límite ciertamente tendrá que acudir a mayores ingresos para poder pagar ese gasto; y esos mayores ingresos supondrán la creación de nuevos impuestos en muchas Comunidades Autónomas. Y eso, ciertamente, es lo que hay que transmitir también al ciudadano. Es decir, mayor presión fiscal porque el gasto sea desmedido, porque no tengamos control en el gasto, ¿en virtud de qué y por qué el ciudadano tiene que ser el pagano de esa... de esa falta de disciplina presupuestaria? O también hay otra posibilidad, o también hay otra posibilidad, que es no incrementar los ingresos y, por supuesto, no invertir; lo cual, en esta Comunidad Autónoma -como acabamos de oír a la Consejera-, ciertamente, no se ha dado.

Por lo tanto, Señoría, su discurso, que es el mismo -repito- que el día diez de mayo del dos mil uno, cuyo Diario de Sesiones yo no le voy a leer a usted, no le voy a leer a usted porque, sin duda, se lo sabe mejor que yo, pues no ha aportado nada nuevo.

Respecto a Gicalsa, por ejemplo, que es uno de los elementos importantes sobre los que usted ha incidido. Usted sabe que la Ley entra en vigor en el dos mil tres; por lo tanto, ahora se establecerá, lógicamente, un periodo de negociación a efectos de determinar cómo y en cuánto queda la deuda de Gicalsa, cómo y en cuánto y de qué forma se va a considerar la deuda de Gicalsa. Y a mí me parece un poco dramático lo que ha dicho el Portavoz Socialista en torno a las Administraciones Locales, pero también digo una cuestión muy claramente: a las Administraciones Locales también hay que mentalizarlas de que no pueden gastar sin tino, y de que, ciertamente, todos queremos tener un polideportivo, aunque tengamos cincuenta habitantes, en un pueblo de esta Comunidad Autónoma. Y, lógicamente, me parece que eso sobrepasa los límites de la prudencia política. Y, claro, todos queremos tener, lógicamente, pues, una... un centro cultural en poblaciones de seis habitantes, y eso sobrepasa los términos, lógicamente también de la prudencia política.

Por lo tanto, los Ayuntamientos, el ejemplo que nos ponía el Portavoz Socialista, es que, si tienen que hacer una gran inversión, no va a poder hacerla. Claro, si es que, si tiene que hacer un polideportivo con cincuenta vecinos, seguro que no van a poder pagar la inversión que hacen con unos ingresos que tengan -como yo veía el otro día en pueblecito de esta Comunidad Autónoma- 1.200.000 pesetas, donde el Secretario costaba 1.300.000; el Secretario de la Administración Local. Ese es otro discurso, y aquí... ese es otro discurso, y eso, lógicamente... y eso, lógicamente, habrá también que producir la correspondiente... habrá también que producir la correspondiente... No le he interrumpido yo a nadie. Ya estamos en la misma historia.

Señor Portavoz, le quiero decir, sinceramente, que los toques de atención, para todo el mundo; que la disciplina presupuestaria, para todo el mundo. Pero no desgarrarse las vestiduras respecto a esas situaciones, lógicamente no deseables, que se pueden dar en algún municipio donde el órgano competente -en ese caso el Pleno, o el Alcalde, o quien corresponda, o la Comisión de Gobierno, o quien fuere- debe tener ese control de las cuentas; y, además, debe ser eficaz también la gestión; y, además, debe intentar recaudar mejor.

Es decir, aquí lo que va a terminar por desaparecer es el papá Estado, que es lo que ustedes, lógicamente, siempre tratan de llevar adelante. Y aquí, cada Comunidad va a saberse si gobierna bien o mal, si gobierna adecuadamente o no, si gobierna con sentido de austeridad o con sentido del derroche. Y eso es lo que va a poner de manifiesto la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la ley orgánica que la complementa; eso es lo que va a poner de manifiesto.

Y, por supuesto, nadie podrá negar, en una filosofía -seguro- en la que estamos de acuerdo los dos Grupos Parlamentarios que estamos interviniendo esta mañana en la Cámara, nadie va a poder negar que la estabilidad presupuestaria va a llevar consigo, primero, estabilidad en el crecimiento económico; en segundo lugar, la creación de empleo. Y eso, en definitiva, es bienestar, mírese como se mire. O sea, podemos hablar de Gical, de si nos interesa o no nos interesa. Pero yo creo que son pequeñas cuestiones, un tanto... pequeñas cuestiones, un tanto anecdóticas, respecto al fondo del asunto, donde, salvo alguna Comunidad socialista, las demás han estado de acuerdo... están de acuerdo en que el objetivo de estabilidad presupuestaria hay que conseguirlo para que las cuentas de las Comunidades Autónomas, evidentemente, sean unas cuentas que puedan sostener el desarrollo económico de cada Comunidad Autónoma y que puedan sostener el empleo.

Y poco más, Señoría. Mire, yo ni veo trampas ni veo el sistema pernicioso, como usted ha calificado en algún momento, anteriormente, a esta Ley; lo único que veo, lógicamente, es el sentido común que prima sobre el derroche, y el sentido común que prima sobre la necesidad de invertir adecuadamente, y el sentido común que prima sobre el desarrollo económico y el bienestar social. Eso es todo. Yo no voy a sacar aquí ni las reivindicaciones del uno de mayo próximo -ya mañana- de los sindicatos ni tampoco, por supuesto, voy a hablar aquí del eterno... del problema surgido con la reforma de las prestaciones por desempleo que usted ha apuntado levemente. Mire, ese sería otro debate, otro discurso, pero nada tienen que ver... nada tienen que ver con la estabilidad presupuestaria, nada tienen que ver con la estabilidad presupuestaria.

Yo creo, señor Granado, que usted, que es una persona absolutamente seria, y que usted tiene... y que usted tiene en esto un conocimiento profundo -porque se lo reconozco-, y porque usted lleva... llevó de Senador mucho tiempo tratando estos temas, lógicamente, usted, consigo mismo, tiene que decir que lo que ha manifestado en esta Cámara -que, por supuesto, está usted en su pleno derecho de hacerlo-, no corresponde a su íntima realidad personal, porque sabe que es preciso... porque sabe que es preciso el que exista esa estabilidad presupuestaria. Lo que pasa es que usted, ante los medios de comunicación, o tal vez, ante los otros medios escritos o televisivos o lo que usted quiera, o ante su propio partido, tiene que tomar esa actitud. Pero a usted, la prudencia, que le caracteriza con normalidad, ciertamente, le va a llevar a desear que el objetivo se cumpla, el objetivo de estabilidad; y le va a llevar, por supuesto, a pensar que las cosas hay que hacerlas dentro de la normalidad. Y que se han hecho disparates. Y no se nos diga aquí que no hay Comunidades Autónomas que con las transferencias de Sanidad, concretamente, han hecho auténticos disparates; y no vamos a citar ni vamos a dar datos -no, por supuesto, la Comunidad de Castilla y León-, donde hay Comunidades que por el endeudamiento que arrastran, sanitario, lógicamente, van a tener graves problemas para poder conseguir la estabilidad presupuestaria. Pero eso, en definitiva, a nosotros ahora ni nos interesa el debatirlo, pero sí nos interesa decirlo.

Por lo tanto, señora Consejera, yo estoy seguro que usted va a poder aclarar las pocas dudas que don Octavio Granado le ha expuesto a usted; yo creo que casi ninguna, simplemente dos, la de Gical y la de las Corporaciones Locales. Que, en definitiva, bueno, lógicamente, tienen su respuesta, y la va a tener. Y, en definitiva, respecto a Gical, existirá la correspondiente negociación por parte de la Junta de Castilla y León a efectos de considerar cómo queda el actual endeudamiento.

Y no vamos a dejar ni de hacer carreteras ni de hacer inversiones, señor Granado, lo sabe usted perfectamente bien; lo que vamos a dejar es... lo que vamos a hacer es no derrochar el dinero público, y tener, lógicamente, la conciencia de que somos administradores de ese dinero y, como tal, hay que gastarlo, y hay que gastarlo adecuadamente, obteniendo la máxima rentabilidad en el gasto y, por supuesto, el mayor crecimiento y la máxima rentabilidad para que el empleo se mantenga. Y, ciertamente, si esos objetivos los pone usted en duda, lo siento mucho por usted, pero nosotros estamos en ellos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ):

Gracias, señor Aguilar. Para dar respuesta a todas las cuestiones planteadas, tiene la palabra la señora Consejera.

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO):

Gracias, Presidente. Yo quiero, de antemano, agradecer el tono de los dos intervinientes, tanto el representante del Partido Popular como, desde luego, del... del Partido Socialista, porque yo creo que, efectivamente, ha sido un debate constructivo. Y, además, a lo largo de mi intervención, que no será muy larga porque -como ha dicho el representante del Partido Popular- no tenemos muchos puntos de discrepancia, ha reconocido muchas de las cosas que aquí estamos debatiendo, ¿no?

Efectivamente, yo creo que también el debate -como él ha dicho- es sobrepasado, se pidió cuando se pidió y la comparecencia es cuando se ha podido hacer, yo creo que, efectivamente. Pero él también ha tenido ocasión de saber y de ver la comparecencia que yo tuve en el Senado, en la Comisión de Comunidades Autónomas, y allí ya quedó reflejado la postura de la Comunidad Autónoma de Castilla y León antes de que se aprobara efectivamente la Ley.

El... que claro que es una discusión doctrinal el tema de si déficit cero o no déficit cero, pero yo creo que él ha reconocido también que, en nuestro propio Estatuto de Autonomía, todas las fuerzas políticas de la Región han determinado el tema del equilibrio presupuestario.

Luego a mí también me gustaría señalar -como yo también he dicho en mi intervención- que hay una cosa clarísima, y es que el conjunto de las Comunidades Autónomas están de acuerdo en la filosofía de la estabilidad y en la filosofía del equilibrio presupuestario; y que lo que se ha puesto de manifiesto en el Consejo de Política Fiscal, en alguna sesión y en otra no, es en que no están de acuerdo algunas Comunidades Autónomas con el instrumento que ha utilizado la Administración Central. Pero, claro, hay que decir que si aquí nosotros, ya, en nuestro propio Estatuto de Autonomía, nos hemos puesto autodisciplina de que el equilibrio presupuestario, al final, nos da lo mismo que sea vía pacto de estabilidad -como fue en Cádiz- o vía... o sea vía de una ley estatal.

Nosotros... Yo tampoco voy a entrar en... lógicamente... y hay cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional, incluso del Consejo de Estado, en cuanto a si invade o no las competencias de la autonomía financiera, y se llega, lógicamente, a la conclusión de que en este caso no, y... y aquí tampoco estamos para dar una tesis doctoral sobre el mismo.

Usted me decía a mí que por qué no se puede plantear, en vez de año tras año, durante un período de tiempo; cosa que nosotros, efectivamente, también se planteó. Pero le tengo que decir que en el último Consejo... en el primer Consejo de marzo se determinó cuál era en conjunto, es en conjunto el déficit, que es déficit cero o equilibro de todas las Administraciones: Administración Central, Autonómica; porque el tema de la Administración Local -como usted muy bien sabe- va aparte de lo que está en el Consejo de Política Fiscal y va vía otro mecanismo de financiación. Lo cual reconozco que es un debate interesantísimo, que, lógicamente, en este momento ni usted ni yo podemos aquí no solamente debatir, sino llegar a ninguna conclusión, porque todavía está pendiente la financiación del Estado con las Administraciones Locales; y está ahí pendiente también el tema famoso del Pacto Local y de la financiación en su conjunto, que -como usted sabe- siempre ha ido al margen de la financiación autonómica y del Consejo de Política Fiscal. Y, lógicamente, sobre eso podía debatir.

Ese tema de si el déficit por un año o por varios años también se planteó. Y, claro, le tengo que decir que en el último Consejo de Política Fiscal, cuando el Estado, una vez que todos habíamos aceptado como filosofía el equilibrio presupuestario, preguntó a las Comunidades Autónomas cómo queríamos que fuera el déficit; es decir, si alguna propuso tener un déficit, ella, durante algún ejercicio, a costa del superávit de otras; y, claro, ninguna nos pusimos voluntarias para dar superávit a nadie. Se puede discutir si puede ser año a año o no año; la realidad es que se han cerrado dos mil tres, dos mil cuatro, dos mil cinco; luego, en el futuro, se verá lo que se hace, ¿no? Yo creo que, al final, la propuesta es la que salió.

Yo le tengo que decir que me alegra que usted reconozca, de verdad, que vamos a salir de Objetivo Uno por méritos propios -que lo hemos dicho reiteradamente, que están ahí los datos y que es así-, salvo que haya una debacle económica en nuestra Comunidad Autónoma de esas. Pero me gustaría dejarle muy claro el tema de la cofinanciación de fondos europeos. No existe ningún problema de cofinanciación de ningún fondo europeo de aquí al dos mil seis; y le tengo que aclarar de los proyectos EQUAL, que igual usted no lo sabe exactamente. Hubo Ayuntamientos y agrupaciones locales que presentaron los proyectos EQUAL a través de la Comunidad Autónoma, se estudió en la Dirección General de... de Presupuestos y de Fondos Comunitarios, y se mandaron a Madrid con apoyo de la Comunidad Autónoma. Pero hubo algunos Ayuntamientos o agrupaciones locales que decidieron mandar directamente a Madrid sus proyectos, sin preguntar a la Comunidad Autónoma si íbamos a apoyarlos y a cofinanciarlos. Y ese es el problema que tienen, no es otro. O sea, no hay ningún problema para cofinanciar los fondos EQUAL ni el resto de los fondos que vienen. O sea, tenemos perfectamente dinero suficiente. Y ese es el problema.

Y también le voy a decir una cosa: nosotros no querremos que haya ningún Ayuntamiento que haya obtenido los fondos EQUAL que se quede sin ellos por... por falta de apoyo de la Administración, pero tenemos que mirar a ver cómo lo engarzamos legalmente, porque mandaron directamente a Madrid los proyectos sin haber pasado por la Comunidad Autónoma. Y, lógicamente, ellos ponían en el papel que la Comunidad Autónoma cofinanciaba, pero nosotros no lo sabíamos; o sea, no nos lo habían ni preguntado. Luego a mí me gustaría dejarlo claro porque este es un tema en el que, desde luego, no es como tal, ¿no?

Lo que yo le quería decir es que las restricciones del tema del endeudamiento, o el tema de los pactos locales, o las... o las condiciones de aplicación de la ley, también le quisiera aclarar alguna cosa. Yo creo que el tema de Sical... de Gical y de la SEC 95 está en un equívoco. El problema -y es sobre el que va a haber un grupo de trabajo, que hay específicamente un grupo de trabajo sobre criterios SEC 95 y otro grupo de trabajo sobre el punto de partida del año dos mil dos-, el problema que se plantea es que España es más restrictiva que la interpretación de las normas de la SEC 95; que ha habido ya múltiples reuniones con la Intervención General del Estado. Pero le quiero decir que Gical, igual que el resto de las empresas públicas de otras Comunidades Autónomas, sí que consolida. Otra cosa es que la... el endeudamiento vaya una vez vía Administración General y otro consolidado; y sí que consolida. Y eso es lo que nosotros vamos a debatir que ahí lo tenemos. Porque no... el problema no es el que se va a plantear a partir de ahora, el problema es el que se ha planteado en el pasado, donde Comunidades Autónomas han hecho empresas públicas -como usted dice-, y cuando han aparecido los criterios de la SEC 95 -que aparecen en el año noventa y nueve, pero con efectos retroactivos-, lo mismo que cuando aparecen las determinaciones del PIB de las regiones, y aparece el año pasado o hace dos años, pero con criterios del año noventa y seis, tenemos que salir a explicar que son unos criterios nuevos de contabilidad y que, lógicamente, cambian. Como cambian esos criterios, pero con efectos de los que dice la SEC 95, se da el caso de que ya hay Comunidades Autónomas -casi todas- donde tienen constituidas empresas públicas con unas determinadas actividades y están ahí, y están ahí puestas. Y, entonces, el problema que se plantea es ahora, lógicamente... casi todas las Comunidades Autónomas, lo que es vía Administración general, han cumplido los escenarios de endeudamiento que se han... que se han hecho con la Administración del Estado. El problema es que hay un sector público muy endeudado en muchísimas Comunidades Autónomas. Pero eso no quiere decir que a partir de ahora vaya a ser el desmadre. No, no; no le doy en eso la razón, sino todo lo contrario.

O sea, aquí se tomó una decisión, en la Comunidad Autónoma, que nosotros, desde nuestro punto de vista y como Gobierno de la Comunidad Autónoma, defendimos y seguiremos defendiendo. Pero el problema lo van a tener las Comunidades Autónomas que en estos momentos el punto de partida sea de un gran déficit por su sector público -que no vía Administración General-, porque dice específicamente la Ley que tendrán que presentar un plan de saneamiento de cómo van a hacer frente a ese endeudamiento sin endeudarse más, a ese... a eso que deben, y que lo tienen que llevar al Consejo de Política Fiscal. Y, por lo tanto, las que no estamos en esa situación estaremos... salimos en condiciones mucho más ventajosas.

Ahora, también le digo a usted: el tema de Gical nosotros lo vamos a defender hasta el final. Y no se preocupe, que la autovía León-Burgos se va a terminar, que no es aproximadamente los 20.000, sino que son 20.000, que tenemos un plan económico-financiero hasta la terminación de la autovía, de la forma que se va a financiar y cómo se va a hacer, que el Estado lo conoce perfectamente; y es ahí, en este punto, donde hay otro grupo de trabajo para el tema del punto de partida y donde... ahí es donde las Comunidades Autónomas tienen que poner encima de la mesa.

Pero, claro, hay que decir una cosa: yo, en el año noventa y seis -usted lo sabe porque lo he hablado con usted-, pedí un deslizamiento de la deuda de un año a otro y no me lo consintió el Gobierno de la Administración Central, que en aquel momento era socialista. Por supuesto, a partir de entonces, tampoco, porque hay que pedir al Consejo de Ministros autorización para endeudarte. Lo que han hecho otras Comunidades Autónomas, vía empresas públicas, es un problema que tendrán que resolver ellos a partir de ahora; pero que nuestra palanca... estamos perfectamente convencidos de lo que hemos hecho porque a partir de... no hemos tenido ningún problema para las inversiones -y ahora le voy a dar unos datos- y, desde luego, no los vamos a tener en el momento en que ahora salimos con la Ley de Estabilidad.

Por lo tanto, los problemas que tengan otras Administraciones u otras Comunidades Autónomas, independientemente de lo de la Administración Local -como es lógico-, pues, es así.

Pero nosotros... yo le decía: no me meta lo de las competencias sanitarias porque yo el esfuerzo inversor -que se lo digo del período noventa y cinco-dos mil uno- se ha incrementado el ahorro corriente... se han incrementado las inversiones en un 120%, 131.000 millones; y el ahorro corriente se ha incrementado en unos 85.000 millones de pesetas. Y no teníamos las transferencias de Sanidad; le estoy hablando al treinta y uno de diciembre del año dos mil uno. Luego esa es la realidad pura y dura.

Y, lógicamente, la Ley de Estabilidad establece -como usted muy bien ha dicho y también sabe- vía de contención del gasto o vía de aumento de los ingresos. Pero, bueno, yo... sí que me ha sorprendido que usted me vuelva a hablar del tema de la presión fiscal, porque sé yo que usted eso no se lo cree, porque el aumento de la presión fiscal se da cuando incrementas, lógicamente, la cuota del impuesto, cuando implementas el tipo. Y aquí no hemos hecho como en otras Comunidades Autónomas. Si nosotros hubiéramos cambiado el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y, en vez del seis, fuera el siete, como hay en algunas Comunidades Autónomas, que lo han asimilado al IVA, pues entonces usted me dice que aumentó la presión fiscal. Pero, claro, es que no puedo aceptar que alguien diga que se aumenta la presión fiscal porque hagamos unas valoraciones o unas comprobaciones que se adapten a la realidad del mercado. Aparte de que me... me gusta que haya reconocido la eficacia en la gestión de la Administración, que no quiere decir que antes no fuera, sino que -como usted sabe- también ha habido unos años un año donde se ha cambiado la Ley General Tributaria y pasó la prescripción de los cinco a los cuatro años; con lo cual, lógicamente, se tuvo que hacer un esfuerzo adicional para que no prescriba ningún impuesto, porque eso es lógico, ¿no? Pero aquí no ha habido aumento de la presión fiscal porque no hemos subido el tipo de ningún impuesto.

O sea, que yo, realmente, eso no... no me parece, de verdad, muy normal que lo diga usted, porque es que sé que... que no lo piensa; o sea, que de verdad no lo piensa porque aquí no ha habido eso. O sea, nosotros no hemos aumentado nada; hemos hecho, con nuestra capacidad normativa, con el modelo de financiación y... IRPF, hemos hecho todas las deducciones que estaban a nuestro alcance. Hemos llegado hasta el 99% de reducción, porque usted sabe que el 100%, en exenciones, no podemos. Es decir, que ahora, con nuestra capacidad normativa, en el nuevo modelo, lo seguiremos haciendo. Y ha habido beneficios fiscales que han afectado a los ciudadanos y que están contabilizados en estos años que hemos tenido el modelo de financiación. Luego eso no es así.

Yo, realmente, creo que, además, usted no está preocupado. Creo que, en el fondo, está de acuerdo conmigo, porque también están de acuerdo las Comunidades socialistas en la filosofía del impuesto. Lo que en el Consejo de Política Fiscal dicen las comunidades socialistas es que se aplique a todos, con lo que antes no se aplicó, porque alguna buscó un subterfugio hace años para hacer otra cosa. Dicen que se aplique y que se tenga en cuenta el punto de partida; y el punto de partida que se va a tener en cuenta lo vamos a dilucidar entre todos, lógicamente, en los grupos de trabajo y en un nuevo Consejo de Política Fiscal, y donde las que parten muy endeudadas, pues lógicamente, van a tener que, a partir de ahora, hacer el esfuerzo que no han hecho. Y sí que le puedo decir que ahí sí que pueden tener algunas Comunidades Autónomas problemas para hacer alguna inversión; porque es tal la cantidad de endeudamiento que tiene que la mitad del presupuesto lo van a tener que dedicar a devolver la deuda. Eso es clarísimo.

Y yo estoy de acuerdo con usted en el tema que dice la hipoteca o de lo que sea, pero siempre es todo hasta un límite. Porque si... porque si usted gasta mucho más de lo que gana, realmente, no puede... no puede... no solamente no puede ahorrar ni puede comprarse absolutamente nada, sino que vive exclusivamente para devolver el crédito; porque esto se aplica a la economía familiar y es facilísimo. En macroeconomía es lo mismo que aplicado a la economía familiar, solo que con otras palabras.

Luego yo le diría que... vamos, primero, que nosotros... no se ha puesto ningún recurso ni nada, porque usted ya lo ha reconocido que en nuestro propio Estatuto todos los Grupos Parlamentarios en las Cortes de Castilla y León hemos establecido el equilibrio. Nosotros lo hemos cumplido, nosotros vamos a defender que tenemos ahí esa empresa que tiene ese... ese plan económico-financiero para terminar la León-Burgos; que el Estado lo sabe, que sabe nuestros escenarios y que, desde luego, eso se va a contabilizar, porque se va a contabilizar, y que no tenemos ningún problema en ninguna otra empresa. Y, lógicamente, bueno, pues las Comunidades que tengan el problema, serán ellos, y sus Parlamentos, y sus... y sus gobernantes en esas Comunidades Autónomas las que solucionen el problema.

Nosotros no hemos aceptado -como es lógico- dar superávit para dar déficit a ninguna otra Comunidad Autónoma. Pero, lógicamente, nosotros estamos convencidos de lo que hemos hecho, los datos así lo dicen y nosotros hemos seguido invirtiendo a un ritmo mayor que el... Y no me diga que las transferencias; no me lo diga así, porque sabe perfectamente que las transferencias de Educación y las sanitarias, pero las de Educación -que las de Sanidad no se han tenido en cuenta en estos datos que le he dicho-, usted sabe que de ciento sesenta y tantos mil millones de pesetas, lo que es inversiones era una cantidad ridícula; porque todas estas transferencias de Educación y de Sanidad, en el conjunto de la transferencia, las inversiones representan una cantidad mínima, que lo estamos aquí diciendo muchas veces: que, cada vez más, las transferencias vienen con gastos corrientes, porque, lógicamente, así se tiene que establecer presupuestariamente.

Luego yo le quiero decir que, efectivamente, entre todos debemos de... de hacer igual que se ha hecho en lo del Estatuto, de pensar que el equilibrio y que el no gastar es una... es una condición imprescindible para el crecimiento de nuestra Comunidad -estamos así convencidos-, que no hemos tenido en estos años ningún problema de acometer ninguna inversión, y mucho menos de fondos europeos; que no vamos a tener ningún problema de aquí al dos mil seis para cofinanciar todos los fondos europeos que así se establezca; y que, lógicamente, nosotros seguiremos haciendo una política tributaria de apoyo a las familias y de apoyo en las deducciones y con las competencias que tengamos; pero que seguiremos ejerciendo nuestra capacidad para ingresar lo máximo posible, dentro de la normalidad y de la legalidad que aquí está establecida. Nada más.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO):

Muchas gracias. En turno de réplica, por un... por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Consejera. Y muchas gracias, señor Aguilar, que también me ha contestado; entonces, por sus contestaciones.

Para intentar deshacer algunos equívocos, ¿no? Yo creo que el primero de los equívocos es que me preocupa que ustedes saben cómo yo pienso. O sea, cosa que muchas veces no sé ni yo mismo. O sea, que... que realmente, yo, me gustaría que mis palabras fueran interpretadas del tenor literal de las mismas y no se dedujera de ellas cuestiones tan peregrinas como son la de que uno está diciendo lo contrario de lo que piensa, ¿no? Yo me acuerdo mucho del verso este de Quevedo de "siempre se ha de decir... nunca se ha de decir lo que se piensa, siempre se ha de pensar lo que se dice". Yo procuro decir lo que pienso. Si se me interpreta tan mal que parece que pienso lo contrario, me quedo muy... muy defraudado, ¿no?

Como... como esto del acuerdo sobre la estabilidad. ¿Pero cómo se va a estar de acuerdo en la inestabilidad? O sea, ¿cómo puede haber alguien tan orate de estar de acuerdo en la inestabilidad presupuestaria? Es decir, la estabilidad presupuestaria es un objetivo definido por el programa de convergencia desde el año noventa y tres. Como bien ha dicho la Consejera, el Gobierno, del año noventa y tres al noventa y seis, intentó llegar a unos objetivos de estabilidad presupuestaria.

Ahora, si usted me dice: ¿está usted de acuerdo en que todos los presupuestos de todas las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos españoles no recurran al endeudamiento ni tengan déficit un año, y esto sea así de por vida, ¿no?, como el matrimonio canónico? Pues yo le digo: ¡hombre!, pues yo en esto no estoy de acuerdo, y además no estoy de acuerdo porque yo soy socialista a fuer de liberal; y como yo soy muy liberal en economía, pues yo creo en los ciclos, y creo en la necesidad de estabilizar y en la necesidad de compensar. Y a mí me parece un absurdo que esa necesidad se tenga que realizar año tras año.

Porque, claro, señor Aguilar, usted me ha dicho que los Ayuntamientos de esta Región, que hay que acabar con eso de que se gasta sin tino. ¡Hombre!, si gasta alguien en esta Región, son sus colegas del Partido Popular, porque tienen ustedes mil y pico Alcaldes. ¿Les va usted a decir a sus mil y pico Alcaldes -algunos que son Procuradores en las Cortes- que gastan sin tino y que están todos convencidos de que quieren hacer polideportivos en localidades de cincuenta habitantes? Yo creo que son bastante moderados, los de cincuenta habitantes quieren hacer frontones, ¿eh?; y con esta Ley ni siquiera un frontón, ni siquiera un frontón, a no ser que se lo pague entero la Junta de Castilla y León; lo cual podrá hacer a lo mejor con los Alcaldes que son Procuradores -del PP y del PSOE, para que no se ofenda nadie- pero con los Alcaldes de la Región no lo va a poder hacer; no lo va a poder hacer.

Entonces, aquí hay que buscar una solución. Y me dice la Consejera, dice: "¡Hombre!, es que esta es otra historia", ¿no? -como diría Michael Ende, ¿no?, "La Historia Interminable"-, eso es otra historia. No, no, esta es la historia de esta Comunidad Autónoma, porque esta es una Comunidad Autónoma de Ayuntamientos; y yo quiero que la Junta de castilla y León le convenza al Gobierno y ustedes -que son militantes del Partido Popular- le convenzan a su Partido de que es un disparate marcar objetivos de estabilidad anuales a todos los Ayuntamientos españoles.

Pero si me apuran un poco y me dice: "Bueno, a los mayores tal vez"; pues a los mayores tal vez. Pero, desde luego, a los pequeños nos les hundan ustedes; porque no es que vayan a gastar sin tino, es que no van a poder gastar.

Que las Comunidades Autónomas están de acuerdo con los principios -ya he intentado explicarlo-, yo creo que todos defendemos la estabilidad presupuestaria, el problema es el cómo. Y, bueno, ¡hombre!, cuando se habla de que no están de acuerdo ni los nacionalistas ni los socialistas, etcétera, pues ya parece que la mitad de las Comunidades Autónomas se nos han caído del acuerdo, ¿no? Y al final vamos a ver cuántas Comunidades recurren la Ley de Estabilidad, porque al final, a lo mejor, acaban recurriéndolo diez, o nueve, y entonces sería más de la mitad; al contrario que lo que pasó con los programas de convergencia, que aquellos sí fueron acordados.

Y cuando se habla de quién va a tener problemas y quién no va a tener problemas, no sería malo recordar que el programa de convergencia y estabilidad del año noventa y tres hubo una única Comunidad Autónoma que reconoció que no lo había cumplido, que era una Comunidad Autónoma gobernada por el Partido Popular.

El problema no está, señora Consejera, en que nosotros podamos gastar el superávit que declaren otros. El problema, señora Consejera, desde el punto de vista de los socialistas, es que en esta Comunidad a lo mejor nos convenía poder gastar ahora el superávit de años futuros. Y los programas europeos es verdad que cuentan con cofinanciación presupuestaria de la Comunidad Autónoma, pero también es verdad que los problemas tampoco son exactamente cómo los ha descrito Su Señoría, porque hay Ayuntamientos que han tramitado sus Programas EQUAL de acuerdo con la Consejería y que no tienen la financiación que necesitaban; y eso es lo que dice la Federación Regional de Municipios y Provincias. Y hay otros proyectos europeos que en estos momentos están colgados de alguna instancia, la Sociedad de Aguas del Duero tiene algunos parados, otros..., porque hay problemas de cofinanciación. Y además esto es normal, y no tenemos que escandalizarnos de que haya problemas prácticos de cofinanciación en un ejercicio, y de que haya necesidades de cofinanciar en varios ejercicios.

El Informe del Tribunal de Cuentas hace referencia a que, por ejemplo, llegan menos fondos a las Universidades de la Región que los que habían presupuestado. ¿por deficiencia de gestión de las Universidades? Puede ser en algún caso. Pero también en algún caso se intenta hacer que un determinado proyecto se retrase un poquito en el tiempo, que yo de esto...

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO):

Señor Granado, le ruego vaya concluyendo...

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

(Sí, voy terminando). Y, ¡hombre!, vamos a ser región Objetivo por méritos propios y por demérito de nuestra exigua población, que no crece al ritmo que crece la población en otras partes del territorio de España o de la Unión Europea. Es verdad que nosotros..., el criterio del Gobierno de la nación sobre lo que es sector público es más restrictivo que el de la SEC 95, que el del Sistema Europeo de Cuentas del noventa y cinco. Lo que me interesaría saber es si para usted, señora Consejera, Gicalsa es sector público o no, de acuerdo con lo que dice la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Porque, claro, usted me dice: "Es que esto está consolidado". ¡Hombre!, se acaba consolidando, claro, ¿no? Pero yo le he oído decir a usted en los últimos dos o tres años que esta Comunidad Autónoma no ha emitido deuda, en los... en los debates de Presupuestos, y que no... y que ha amortizado más deuda que la que había gastado, y que el saldo de amortización/emisión de la deuda era positivo. Claro, luego va uno a las cifras de las empresas públicas en el propio presupuesto, y descubre que en acreedores a largo plazo, pues, la deuda de las empresas públicas era de 212.000.000 de euros, en estimación del año dos mil uno, y va a ser de 328.000.000 de euros en el año dos mil dos; 100.000.000 de euros no está mal. Las empresas públicas de esta Comunidad Autónoma van a tener 17.000 millones de pesetas más de deuda, con sus acreedores a largo plazo, en un solo añito. Y esto ¿va a consolidar o no?

Y por otro lado, tampoco yo me entero muy bien. Porque usted me dice: "Vamos a pelear por que se contabilice la deuda de Gicalsa". Pues si van a pelear por que se contabilice la deuda de Gicalsa es porque no está contabilizada ahora, ¿no? Es decir, ¿o es que la deuda de Gicalsa, esa deuda que tiene avalada la Comunidad Autónoma, señora Consejera, usted, cuando envía las estimaciones de deuda de la Comunidad Autónoma al Banco de España, la contabiliza como deuda de la Comunidad Autónoma? Yo creo que no lo hace; porque no es necesario, muy bien. Pero, bueno, entonces, vamos a considerar ahora que es necesario que se nos reconozca esa deuda, que, aunque no es nuestra, sí es nuestra a efectos de que se nos garantice una cierta posibilidad de desarrollo, y luego vamos a seguir defendiendo que el sector público se haga con los criterios menos restrictivos de la SEC, del Sistema Europeo de Cuentas, del noventa y cinco, que los que quiere imponer el Gobierno de la Nación, porque eso nos fundiría un poquito también a nosotros, también a nosotros, ¿no?

En conclusión, pues, ¡hombre!, al final uno tiene la sensación de que estamos haciendo trampas con la ley, ¿no? Y uno tiene la sensación de que las trampas que tendrán que hacer los Ayuntamientos para seguir invirtiendo -no sé si con tino o sin tino-, pues, van a ser notables, ¿no? Y uno tiene la sensación de que en esta Comunidad Autónoma, pues, vamos a seguir sin incrementar la presión fiscal; pero, eso sí, que las valoraciones que aplica la Consejería de Economía se van a ir del mundo. Porque yo ya tengo algún amigo que ha comprado una casa por un precio y que le valoran que ha pagado más, y dice: "Pero si yo he pagado esto"; y al final recurren y el 60% ganan los recursos, ¿no? O sea, que cuando los tribunales económicos y administrativos dan la razón a los ciudadanos en el 60% de las veces, pues, ¡hombre!, parece que también estamos incrementando indebidamente no sé si la presión fiscal, pero sí el cilicio; sí el cilicio, porque, al final, el ciudadano acaba pagando más.

Entonces, como usted decía, señor Aguilar -y con esto acabo-, pues a ver si es posible que el cilicio nos aprete un poco menos, ¿eh? Yo le reconozco a ustedes que no incrementan la presión fiscal; y ustedes, de verdad, no la incrementen.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO):

Muchas gracias. Es el turno del señor Aguilar, por parte del Grupo Popular, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. Y muchas gracias, señora Consejera, porque yo creo que, bueno, las cosas han quedado bastante claras después de su intervención y las contestaciones que nos ha dado.

Y, ciertamente, no deja de ser sorprendente que haya Ayuntamientos que vayan por libre, y que, por supuesto, cuenten y digan: "Bueno, la Junta pagará lo que tenga que pagar, a mí me importa muy poco lo que pueda suceder en la Administración Autonómica".

Yo creo que el viejo debate de la presión fiscal -que, claro, el señor Portavoz del Grupo Socialista, sin duda, lo toma como referencia; ha habido otros Portavoces que lo han llevado más en la bandera de sus reivindicaciones-, pues, no es tal, no es tal. Es decir, aquí hay unas valoraciones públicas, cada ciudadano puede acudir y saber, a la Junta de Castilla y León, cuánto tiene valorada la Junta su piso, su casa, su huerto o su solar o su... o su dúplex. Exactamente así es. Y, por lo tanto, esa es una valoración que está para que los ciudadanos la conozcan y la vean; contra la cual se podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, recurrir o no recurrir, aceptarla o no aceptarla. Pero lo que no puede nunca aceptarse, nunca, nunca aceptarse, nunca, es que la Junta de Castilla y León admitiese la ilegalidad, nunca; y que admitiese precios por valor de mercado, más bajos, nunca, valor de mercado, es lo normal; o el señor que compra un solar, el desarrollo de ese solar, etcétera, etcétera, etcétera.

Yo no voy a entrar en los datos estadísticos de lo que usted ha dicho, del 60% que se ganan, ya sí quisieran algunos especialistas en estas cuestiones ganar el 60%. Mire usted, las actas de valoración -se lo digo como anécdota- que se hacen en estos momentos son unas actas muy completas, con unos criterios de valoración objetivos, tomando datos y dando datos al contribuyente para que pueda saber cómo se le ha hecho esa valoración. Aquí no hay ningún tipo de ocultismo. Yo sí que le digo a usted que, por ejemplo, la Ley de Tasas y Precios Públicos fueron ustedes los que la programaron, los que la promulgaron, los que la llevaron adelante, y ha sido declarada inconstitucional en una gran parte de ella. Eso sí que... (Murmullos). Eso sí que se lo digo a usted, Señoría. Y usted lo sabe exactamente igual que yo.

Pero, bueno, dicho esto, en esta Comunidad tenemos un sector público, además, señora Consejera, que es mínimo. Pero ¿qué sector público tenemos en esta Comunidad en comparación con el sector público que existe en Cataluña, o en comparación con el sector público de Andalucía, o en comparación con el sector público que existe en otras Comunidades Autónomas? Muy poco. Pero si tenemos muy pocas empresas en el sector público. Y, por lo tanto, lógicamente, es cierto, es cierto -y eso produce mucha tranquilidad- que no va a haber ni incremento de la presión fiscal, que solamente se produce cuando el tipo sube, porque eso es lo curioso. Aquí se habla de presión fiscal con tipos inferiores a los de otras Comunidades Autónomas; y, sin embargo, porque se valore de acuerdo con la normalidad del mercado, lógicamente, decimos: "Hay presión fiscal encubierta". Ese es un argumento que no es cierto, que es un argumento trampa; el que usted esgrime: ese es un argumento trampa.

Mire, señora Consejera, yo creo que las cuestiones están por empezar, que hay mucho camino por recorrer, y que, en definitiva, la estabilidad presupuestaria, nosotros entendemos que es beneficiosa.

No hemos dicho que los Ayuntamientos gasten sin tino; hemos dicho que "los Ayuntamientos tienen que saber lo que gastan y que no puede hacerlo sin tino": ahí sí; ahí la palabra es donde encaja. ¿Por qué? Porque, verdaderamente -si todos los conocemos-, hay Alcaldes con muy pocos vecinos que quieren el polideportivo, que quieren el centro cultural. ¿Dice usted el frontón? Pues mire, todos; eso todos lo quieren, no solo los de seis vecinos o los de cincuenta. Eso lo quieren todos, pero de ahí para arriba, más.

En definitiva, señora Consejera, muchas gracias por su comparecencia. Queda muy claro que las inversiones no se van a ver afectadas por la Ley de Estabilidad; y, en consecuencia, bueno, tenemos otros debates, no sé si se recurrirá la Ley por más o por menos Comunidades Autónomas, pero, en definitiva, el Grupo Parlamentario Popular, a través de este Portavoz, muestra su apoyo -como no puede ser menos- al Gobierno Regional -como no puede ser menos, ¿eh?- y a la política económica que el Gobierno Regional -como no puede ser menos- está llevando a cabo, y también a la recaudación de los tributos, que, gracias, se ha reconocido que es mejor en esta sala. Muchas gracias.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO):

Muchas gracias. En turno de dúplica, tiene la palabra la señora Consejera.

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO):

Gracias. Bueno, yo quisiera solo hacer algunas aclaraciones. Yo creo que el equilibrio no es de por vida; se ha establecido para el año dos mil tres, dos mil cuatro, dos mil cinco. También se establecen algunas posibilidades de tener déficit, para el que dota un fondo de contingencia. Esas necesidades no son de carácter discrecional y tienen que ser no previstas, se tienen que aprobar por el Consejo de Ministros, en fin... Solo es para tres ejercicios, y, lógicamente, esto no es de por vida. Se establecen las excepciones, la posibilidad de plantear déficit estableciendo un plan de saneamiento que tenemos que aprobar en el Consejo de Política Fiscal. Y, por lo tanto, yo creo que esto hasta el año dos mil cinco sí que lo hemos aprobado, pero no es para toda la vida. Por lo tanto, esto no va a ser una cosa que nos va a quedar ya para siempre, ¿no?

Usted nos decía que por... que convenzamos al Gobierno en el tema de la administración municipal o de la Administración Local, y que es un tema nuestro. Bueno, yo ya le he dicho que claro que es tema nuestro, porque la Comunidad Autónoma está constituida por municipios, pero yo creo que la interlocución se está teniendo vía Federación de Municipios y Provincias con la Administración Central, y esa vía es como se convence al Gobierno por parte de las Administraciones Locales, ¿no?, a la que no está ajena, como es lógico, porque al final siempre tendremos que entrar la Administración Autonómica.

Usted me decía que si yo creo que Gicalsa... Sí, sí. Gicalsa está contabilizado, claro que está contabilizado; está perfectísimamente contabilizado, igual que otras. Yo le he explicado que no es el problema nuestro, sí es el problema -mucho más agudo- de otras Comunidades Autónomas, donde, constituidas en un sector público que tenían bastante endeudamiento, de repente llegan unos criterios de la SEC 95, y se incluyen cuestiones que antes no estaban, y eso es lo que ha dado que Comunidades Autónomas que tengan un sector público muy grande y además esté muy endeudado, pues, vayan a tener más problemas que nosotros.

Nosotros no vamos a tener esos problemas, porque le digo que salimos de una buena posición, y que solamente está con un endeudamiento objeto de consolidación Gicalsa; el resto de las empresas públicas no hay absolutamente ningún problema de endeudamiento con ellas. Eso es así de claro. Y nosotros ya hace tiempo, no solamente son los criterios seguidos por el Estado y por la Administración General y la Intervención General del Estado, sino que nosotros ya hace tiempo, hace más de un año, de dos y de tres, tenemos hechos unos informes y unos estudios por personas independientes y externas a la Administración, donde nos hacían una valoración de nuestro sector público. Y es exclusivamente Gical, y le puedo decir que, lógicamente, el Banco de España lo conoce cuando le damos los datos y lo conoce perfectamente la Administración Central, porque -como usted bien sabe- nos está financiando el 20% de la autovía. Y la autovía, este año se terminaba el tema de lo de la financiación, hay un PEF, un Plan Económico Financiero, que está aprobado y no va a haber absolutamente ningún problema; pero, lógicamente, es la empresa pública, que sí se contabiliza a efectos de endeudamiento, en la única donde nosotros la tenemos que sumar con el tema de la Administración General.

Los datos del Banco de España, yo no voy a entrar, porque salen cada poco temas del endeudamiento, en los periódicos, del Banco de España. El Banco de España los da trimestralmente, y usted sabe que no es lo mismo que lo dé en el primer trimestre que en el último, porque por el medio tú puedes tener... puedes endeudarte, en el medio puede haber hecho la emisión de la deuda o no, y por lo cual varía mucho. También se tienen a veces en cuenta o no se tienen en cuenta... el tema de las Universidades o el tema de las empresas públicas, y, por lo tanto, varía sustancialmente, ¿no? Pero nosotros, lógicamente, claro que se lo mandamos al Banco de España y a la Administración General.

Yo le quiero, desde luego, decir que no hay ningún problema de cofinanciación, y que si, fuera de lo que yo le he dicho, conoce algún problema, nos lo haga saber. Porque yo le puedo decir que todos los proyectos EQUAL que han venido vía de la Administración Autonómica, que nosotros estudiamos con todos los que los presentaron, y que defendimos todos los que se presentaron dentro de la Comunidad Autónoma, porque no había un número determinado, sino que se competía a nivel nacional -y creo que hemos obtenido un buenísimo resultado-, no tienen ningún problema de financiación. Y que conozco la existencia de uno o dos, pero es porque fueron directamente a la Administración Central, y ahora estamos mirando un problema legal de engarce. Pues si a nosotros no nos dicen que cuentan con nuestro presupuesto, sino que lo ponen, pues lógicamente, nosotros eso luego a ver cómo lo casamos ahora. Y ya le he dicho que espero poderlo resolver y que no haya ningún problema, pero, desde luego, no será de orden presupuestario.

Yo, de todas las maneras, bueno, quiero agradecer al representante del Grupo Popular, pues, el apoyo que hemos tenido.

No voy a volver a entrar otra vez, efectivamente, sobre la presión fiscal o sobre si su amigo compró una casa y le costó menos, porque ahí ya podemos entrar en el tema fiscal de si realmente le costó eso o tenía... o era algo más que eso lo que le había comprado, pero que, vamos..., que el dinero no era muy blanco, y, por lo tanto, no..., le han hecho una valoración superior.

Sí que le tengo que reconocer que muchas veces, lógicamente -como usted también muy bien sabe-, son unos criterios objetivos de mercado, precios medios, y que muchas veces los propios contribuyentes no establecen en sus declaraciones las características del bien, que puede darse el caso que estén en una calle muy céntrica, pero que tenga una antigüedad mucho más... pasada y que además estén casi en medio en ruina; y, lógicamente, cuando después recurren y aportan documentos donde se ve exactamente las condiciones del inmueble, pues varía lógicamente la valoración. Pero, realmente, sobre este tema yo creo que ya hemos debatido suficientemente.

Yo le quiero, de verdad, agradecer el tono en que se ha producido esta comparecencia, que ya me gustaría a mí que fuera realmente así. Yo creo que ha sido constructiva. Yo he tomado nota de lo que usted ha dicho, efectivamente, y de lo que ha dicho el representante del Grupo Popular. Pero, vamos, creo firmemente que no tenemos grandes discrepancias en este tema.

Y, por lo demás, los datos son los que hay. Las inversiones de la Comunidad son las que aparecen, lógicamente, cada año en los Presupuestos que vienen a estas Cortes. Y nosotros realmente estamos satisfechos de la ejecución presupuestaria, de las inversiones, y, lógicamente, de haber cumplido el escenario de estabilidad, y de defender lo que tenemos en los foros, en Madrid, que tenemos que hacer durante este ejercicio. Nada más.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO):

Muchas gracias. Terminado el turno de Portavoces, procedemos a la apertura de un turno para Procuradores que, siendo o no de la Comisión de Economía, deseen formular alguna pregunta u observación sobre este tema a la señora Consejera.

Muy bien. Pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las doce horas veinticinco minutos).